La centralización en materia de educación en España tiene sus orígenes en el reinado de Isabel II. Fue a través de la Ley de Instrucción Pública de 1857, conocida como Ley Moyano, con la que se implantó un mismo sistema educativo en todo el país. Con el paso del tiempo, la educación fue fruto de diversas modificaciones. No obstante, su esencia persistía. Norte, sur este u oeste, la procedencia dentro de nuestras fronteras era indiferente, el alumnado disponía de las mismas oportunidades y disfrutaba de una enseñanza uniforme.
Años más tarde, con la promulgación de la Constitución de 1978 y la creación de las autonomías, España sufrió un giro de 180 grados. En el ámbito de la educación, el gobierno favoreció el traspaso de poder desde la Administración central hasta las Administraciones autonómicas. Métodos, contenidos y perspectivas diferentes; España perdía su esencia, convirtiéndose de manera progresiva en lo que podríamos denominar un “reino de taifas”.
En el plano teórico, nuestro artículo 14 de la Constitución española recoge el principio de igualdad y la prohibición de discriminación. No obstante, en el plano práctico, el alumno recibe una formación diferente dependiendo de la comunidad autónoma en la que reside. Tal y como puede observarse en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, conocido como PISA por sus siglas en inglés, la desigualdad en la calidad del alumnado es aterradora. Madrid, Castilla León y Navarra obtienen los mejores resultados, lo que significa que llevan a cabo una formación académica más competente. Sin embargo, Andalucía, Extremadura y Canarias obtienen calificaciones inferiores. ¿Acaso no es un trato desigual y discriminatorio? ¿No es injusto que el lugar de procedencia condicione la formación profesional? Si todos somos iguales ante la Ley ¿Por qué hay españoles que reciben una educación mejor que otros? Simples preguntas que los políticos y legisladores tienen miedo de responder.
Las injusticias en el modelo educativo no sólo residen en esta calidad desigual, sino que va más allá. Una vez acabado Bachillerato, es obligatorio realizar una prueba para poder acceder a unos estudios universitarios. Este proceso, conocido como Selectividad, es diferente en cada Comunidad Autónoma. Su grado de dificultad varía, puesto que abarcan diferentes niveles y contenidos. ¿Acaso no es de suma injusticia que un alumno que haya realizado una prueba de menor dificultad obtenga, por tanto, una mayor calificación en la misma, y le sea más fácil entrar en las universidades públicas de España? ¿No es contradictorio que el nivel y contenido en las pruebas de acceso a la universidad sean diferentes y que el resultado tenga el mismo valor? Las únicas soluciones existentes para paliar estas injusticias son: A) que la calificación obtenida tenga una ponderación diferente dependiendo de la comunidad autónoma. B) que la educación sea igual en toda España. La Primera opción sería un parche, mientras que la segunda es la que verdaderamente ataca el problema de raíz.
Misma educación, mismas oportunidades.
