¿Existe un reparto justo de los fondos europeos entre las Comunidades Autónomas?

María Martínez Carrasco, estudiante de 3º de Derecho y ADE en la Universidad de Málaga y redactora de El Debatiente, analiza una cuestión que, actualmente, está en boca de todos.
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Tras la crisis del coronavirus los países europeos, así como los del resto del mundo, se vieron consumidos por una nube gris de incertidumbre sobre cómo salir adelante. Los problemas no sólo se quedaron en cómo frenar la pandemia, había que empezar a pensar en cómo afrontar el futuro. Se vieron ahogados por la escasez de fondos y la urgencia de una recuperación fructífera. Fue en ese momento cuando la Unión Europea, con el único objetivo de poner fin a la crisis económica, propuso un plan de recuperación. Los fondos europeos.

Cualquier persona como cualquier grupo, incluso cualquier país, a la hora de escuchar, “¡os vamos a ayudar!” Se les abren los ojos. Por un simple motivo, siempre es mejor recibir que dar. Sin embargo, todo tiene sus problemas, siendo uno en concreto asumido por cada país: la distribución interna.

Vivimos en un mundo politizado, en el que todo se divide entre blanco y negro, derecha o izquierda, y como estos, miles de contrarios. La izquierda, como gobierno central actual, ha ido poco a poco extendiendo lo que considera “correcto” a juicio de algunos, y a causa de ello, ahora las Comunidades Autónomas que van en contra de lo que ellos ven como acertado están padeciendo un “injusto” reparto de fondos. Madrid, Andalucía, Galicia, … todas tienen algo en común. Son gobernadas por la derecha. Cataluña, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra… son gobernadas por la izquierda/nacionalistas.

Se desconoce si el reparto se ha hecho en base a una discriminación ideológica, puesto que ha dependido del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita y de la tasa de paro medio de los cinco años pasados. Del reparto preasignado de 4.252 millones de euros, Andalucía ha recibido 702 millones de euros, un 16,5% del total, constituyendo un 17% de España en población y extensión, seguido de Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. La injusticia se produce con el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social pero del cual Andalucía no recibiría ni un euro de los casi 110 millones. De las nueve regiones beneficiarias de estos fondos, sólo dos están a manos del PP, y el resto, gobierna el PSOE solo o en el marco de una coalición.

Este reparto no ha sido un proceso sencillo de asignar que digamos, es más, no hace más de cinco meses que el Gobierno amenazó con dejar fuera de este reparto a aquellas comunidades autónomas que criticaban el reparto, argumentando que deberían someterse a un “obligado cumplimiento y directamente exigibles salvo para quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlos con posterioridad” según el artículo 13 del reglamento de la Conferencia Sectorial de Turismo.

Es muy fácil decir “no” a la primera de cambio, pero no estamos jugando a cualquier cosa, sino con el futuro de las autonomías, por ello, las autonomías contrarias a ese plan tuvieron que retroceder y aceptar el plan por el bien de sus ciudadanos.

Hoy por hoy, la situación está tranquila. No era difícil hacer desde un principio un plan justo, si el resto de países han sabido hacerlo, podemos tomar su ejemplo. Pero en vez de ello, preferimos hacer las cosas complicadas y así cuando llegue el salvador de turno, le recibiremos con fervor.

Así pues, el debate está servido.

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