Estos días nuestra sociedad afronta una situación inédita, una crisis sanitaria, por desgracia, y, en consecuencia de esta situación, se deriva otra problemática atípica para nuestra sociedad que afecta a todo el tejido empresarial nacional y por tanto a su riqueza, una crisis económica.
Teniendo en cuenta estas claves, numerosas empresas nacionales han decidido voluntariamente realizar donaciones a administraciones públicas ante esta situación tan agravada, sin olvidarnos de los beneficios fiscales que estas donaciones conllevan.
Para analizar esta cuestión hay que entender la circunstancias en la que nos encontramos, es decir, nos encontramos en una situación de extrema vulnerabilidad en la que ha colapsado el sistema sanitario nacional y por tanto, ante la falta de recursos que esto supone, las donaciones privadas pueden suponer dos beneficios.
El primer beneficio que esto supone es que gracias a las donaciones privadas más gente dispondrá de más protección ante el virus, menos gente se contagiará y por tanto más vidas salvaremos, como es lógico se produce una relación inversa entre el número de ciudadanos protegidos y el número de infectados y por tanto posibles defunciones.
El segundo beneficio, en mi opinión, el que más garantías tiene ya que la mayoría de estas donaciones privadas que se realizan al estado acaban en hospitales, esto supone que si los hospitales están más protegidos y los sanitarios se sienten más seguros a la hora de tratar a estas personas es muy plausible que estos se concentren específicamente en su trabajo y obtenga mejores resultados puesto que hay menos riesgo de que ellos mismos se contagien.
Llegados a este punto no podemos olvidarnos que estas donaciones privadas provienen de empresas privadas cuyo objetivo es obtener el mayor beneficio posible.
Tenemos que entender que estas donaciones privadas que se realizan en situaciones excepcionales generan grandes ventajas para estas empresas que, sin lugar a duda, afectan de manera grave en la sociedad. Estos perjuicios se agrupan en dos problemáticas:
En primer lugar analizaremos de donde provienen estas donaciones, que se originan, en su mayoría, por los beneficios de estas empresas privadas que, sin embargo, han sido generados, en su mayoría, en detrimento de fabricar en países subdesarrollados con mano de obra esclava, lo que supone que estas empresas no contribuyan al empleo nacional y a una clara inmoralidad, pues estos beneficios han sido producidos fruto de la explotación. Por tanto aceptar estas donaciones privadas supone aceptar dicha forma de explotación tan innecesaria e inmoral.
El segundo perjuicio que esto genera es gracias a la ley 49/2002, que establece que las empresas que realizan donaciones pueden deducir el 35% del importe donado, lo que significaría un menor ingreso en las arcas públicas, que conlleva, a su vez, que el Estado tenga menos capital para invertir en servicios fundamentales como pueden ser la educación.
En mi opinión, no podemos prescindir de estas donaciones en estos momentos, pero tampoco podemos permitir que estas empresas se establezcan en la inmoralidad, por lo que es necesario que organismos internacionales regulen las situaciones, erradicándolas.
Así pues, el debate está servido.
