¿Madre sólo durante el embarazo? ¿Moral o inmoral? El conflicto ético que envuelve la maternidad subrogada, si bien no es reciente, se ha mantenido como tabú durante muchos años. Si nos remontamos en la historia observamos que, desde su comienzo como práctica comercial en 1970, suscitó fuertes críticas llegando a ser ilegalizado en varios países, entre ellos España. En la actualidad, los continuos intentos de Ciudadanos de poner sobre la mesa este debate y la oposición de los principales partidos, han provocado que este tema se encuentre a la orden del día.
Los defensores de su legalización se basan, ante todo, en la defensa de los derechos reproductivos de las personas a acceder a los avances científicos disponibles. El problema reside en que la Seguridad Social no asumiría el gasto en todos los casos, al igual que sucede con la fecundación in vitro (en la cual el colectivo LGTBI queda discriminado ya que solo se ampara a parejas heterosexuales infértiles), lo que relegaría este tema, en muchos casos, a la sanidad privada. En otras palabras, no todo el mundo podría acceder a este “servicio” por motivos económicos, generando así una desigualdad que favorece a una minoría privilegiada. Por tanto al ser unos “derechos” a los que no podría acceder todo el mundo, no pueden considerarse como tales.
Por otra parte, los grupos feministas, principales contrapartes en este asunto, hablan de una forma de explotación a la mujer. Para ello se basan en la crítica a los contratos de subrogación, los cuáles son irreversibles y conllevan consigo un problema intrínseco: si la mujer embarazada decidiera finalizar con el embarazo, se le negaría esta posibilidad debido a que el bebé no es considerado como suyo, provocando que la mujer perdiera decisión sobre su propio cuerpo.
Frente a esto, la respuesta comúnmente dada es que las mujeres eligen libremente ser vientres de alquiler, por lo que deben soportar las consecuencias de su decisión. Esta afirmación sería de valor si las mujeres verdaderamente tuvieran el bebé por convencimiento propio, sin estar influenciadas por agentes externos. Y es que el factor económico, por el que se aprovechan de las mujeres más pobres para que sean madres de alquiler, prometiéndoles grandes cantidades de dinero, echa por tierra completamente esta afirmación. Esto nos evidencia la dificultad de discernir si la mujer quiere ser madre gestante por motivos altruistas o por necesidades económicas.
Y es que los vientres de alquiler podrían ser un buen reflejo de la sociedad capitalista en la que vivimos: las oportunidades, las libertades y los derechos dependen en gran medida al dinero. Ahora bien, ¿será el Gobierno capaz de legislar a favor de un sistema de gestación subrogada igualitario y altruista?
Tendremos que estar atentos a las futuras propuestas de los partidos políticos. Hasta entonces, el debate está servido.
