Me suele pasar que, al entrar en Idealista con la intención de encontrar una vivienda acorde a mis necesidades y a mi presupuesto, acabo decepcionándome al comprobar que ambas cosas rara vez van de la mano. Esta frustración personal no es más que la manifestación cotidiana de un problema colectivo: un mercado inmobiliario que nos recuerda que, por mucho que la Constitución Española nos reconozca el derecho a la vivienda, en la práctica sigue siendo un privilegio al alcance de muy pocos. Y es ante este escenario que surge una pregunta inevitable, la misma que motiva este artículo: ¿debe el Estado intervenir para garantizar un derecho básico?
A la hora de responder a esta cuestión, conviene atender a factores que van más allá de lo estrictamente económico y que ayudan a explicar la creciente problemática estructural que experimentan las clases trabajadoras en este país con relación al mercado inmobiliario.
Empezando por el lado izquierdo de la balanza, quienes defienden un modelo intervencionista sostienen que el acceso a la vivienda no puede depender exclusivamente de la lógica del mercado, y ello se debe principalmente a dos motivos.
En primer lugar, se pone el acento en los fallos estructurales del mercado inmobiliario.
La desigualdad de poder económico entre propietarios e inquilinos propicia, en ausencia de una intervención pública correctora, la proliferación de prácticas especulativas. El resultado es un mercado incapaz de garantizar un acceso equitativo a la vivienda, sobre todo para quienes dependen de su salario.
A ello se suma la incertidumbre social sufrida por buena parte de la población, pues un modelo que no facilita el acceso a una vivienda produce, de facto, un impacto negativo sobre los proyectos vitales, el empleo y la cohesión social.
En la cara contraria de la moneda ideológica, quienes se oponen a una mayor intervención pública sostienen que alterar el funcionamiento del mercado inmobiliario entraña riesgos.
Entre los más señalados, destaca la posible reducción de la oferta, ya que una regulación excesiva podría desincentivar la inversión y traducirse en una menor disponibilidad de vivienda.
Consideran, además, que el mercado inmobiliario es demasiado complejo para quedar en manos del Estado, al entender que este no siempre responde de manera rápida y eficiente a las dinámicas de oferta y demanda. Desde esta perspectiva, se advierte del riesgo de sustituir posibles ineficiencias del mercado por rigideces burocráticas igualmente problemáticas.
Llegados a este punto, conviene huir tanto de las simplificaciones como de los falsos dilemas. Del mismo modo que la Argentina de Milei debe servir como ejemplo de lo que no hay que hacer, el intervencionismo exacerbado no puede erigirse en modelo a seguir.
La cuestión, por tanto, no admite respuestas extremas. No se trata de elegir entre desregulación neoliberal o expropiación descontrolada, sino encontrar un equilibrio que permita cumplir con el artículo 47 de la Constitución Española de 1978, garantizando de esta manera el derecho a una vivienda digna.
Así pues, el debate está servido.
