El inquietante incremento de infecciones por enfermedades de transmisión sexual y del consumo de pornografía en la infancia han vuelto a poner sobre la mesa uno de los más controvertidos temas de debate de la actualidad, donde la ética y la moral se dan cita con la política y los más arraigados y conservadores dogmas de fe. Este conicto, aparentemente irresoluble, vira en torno a la educación sexual en los centros educativos. Los principales detractores de esta idea esgrimen argumentos que aluden, entre otros, a la vulnerabilidad del niño o a la moralidad de sus progenitores, pero, realmente, ¿debería supeditarse la educación sexual a la opinión y principios individuales?
Esta polémica cuestión no puede abordarse sino desde la contemplación de la situación actual en relación con la educación sanitaria, sumada al análisis retrospectivo de nuestro pasado más cercano en esta materia. En nuestros días, el avance cientíco-sanitario y la paulatina pero notable pérdida de los remanentes ideológicos del conservadurismo moral de la dictadura han permitido que la salud se haya abierto paso en el sistema educativo. Sin embargo, paradójicamente, la salud sexual, fundamentada, según la OMS, en el respeto a la sexualidad y la defensa de relaciones sexuales basadas en la seguridad y ausencia de coerción, discriminación y violencia, no ha corrido la misma suerte que otras áreas como la Anatomía o la Genética.
Si se analiza meticulosamente la raíz de las razones que empujan a ciertos individuos a oponerse a la incorporación de la salud sexual al currículo español, es posible identicar dos problemáticas. La primera de ellas radica en la divergencia entre el verdadero concepto de salud sexual y la denición que determinados sectores políticos e ideológicos han difamado, bajo el respaldo de los ejemplos más descabellados y aislados. La denostación de la salud sexual, indebidamente comparada con una ultrajante defensa de la lujuria, ha teñido con tinte político un asunto eminentemente médico.
A esta politización de la salud sexual, se suma una segunda problemática: el supuesto derecho de los padres a decidir qué aprenden sus hijos en la escuela. Independientemente de la connotación legal y jurídica que se atribuya a la relación progenitor-descendiente, resulta incuestionable que, desde que nacemos, somos sujetos activos, titulares de nuestras vidas y poseedores de libertades y derechos inalienables. Puesto en duda lo anterior, ciertos sectores de la sociedad se han creído con la potestad de vetar este tipo de charlas y talleres, de censurar la educación, amparados en que, bajo su perspectiva, enseñar en la prevención de ITS y embarazos no deseados o en el respeto a las múltiples variantes de la sexualidad es una forma de adoctrinar a los más pequeños.
Habida cuenta de las certezas y mitos que envuelven a la salud sexual, solo el lector puede poner en balanza todo lo mencionado y valorar si el verdadero adoctrinamiento radica en construir una sociedad educada en la tolerancia, la consciencia y la prevención, o en imponer límites al aprendizaje según opiniones propias.
Así pues, el debate está servido.
