Según la Ley 11/1985 para que un sindicato ostente el estatus de mayor representatividad en el Estado, debe alcanzar el 10% o más de los representantes de todos los órganos de representación de los trabajadores (tanto delegados de personal y comités de empresa como su equivalente para los trabajadores de las administraciones públicas). Esta consideración les otorga ventajas, como la de convocar las elecciones sindicales en los centros de trabajo, recibir subvenciones y participar en los procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos. Las organizaciones que ostentan este cargo son los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de los Trabajadores (UGT). Esta situación es la más garantista de han tenido en la historia de España, habiendo pasado por periodos históricos en los que han tenido prohibida su actividad.
A pesar de esta situación, el porcentaje de afiliación a sindicatos en España es de apenas un 16%, alcanzando el nivel más bajo de la historia en 2019 con un 13,7%. Como consecuencia de esta tesitura conviven diversos pensamientos en la opinión pública.
En primer lugar existen duras críticas desde distintos sectores sociales y políticos que aseveran que tienen una clara tendencia a ser conciliadores con la patronal, llegando a ser calificados incluso de “sindicatos amarillos” (sindicatos promovidos por empresarios para mantener influencia sobre el personal). Tampoco existe conformidad total con la actitud que tienen frente a la clase política, son acusados de no ser especialmente combativos con sus decisiones más polémicas, lo cual es achacado a su dependencia presupuestaria de las subvenciones. A esto se le suma la relación histórica que mantiene cada uno con partidos políticos concretos, siendo más inactivos y conciliadores cuando están en el gobierno independientemente de la situación social y económica que se esté dando en el país. Pero paralelamente, es cierto que tienen un mayor poder de agencia sobre la realidad social si tienen el apoyo presupuestario de las arcas públicas, debido al escaso dinero que reciben de sus otras fuentes de financiación, así como vínculos políticos que les facilitan la influencia sobre las decisiones del ejecutivo o de sectores del legislativo para poder llevar a cabo sus reivindicaciones.
Además, frente a la tendencia de los sindicatos a implicarse en movimientos y campañas políticas como la lucha contra la violencia de género o los derechos LGTBIQ+ hay quienes defienden que esas causas son ajenas a las funciones de un sindicato o incluso a los problemas de los trabajadores. Por el contrario, también es aplaudida la tendencia como una adaptación necesaria para los nuevos tiempos que les permitirá llegar a más sectores de la clase trabajadora e incluir en la acción sindical a minorías sociales que también necesitan defender sus derechos laborales.
Curiosamente, tanto los simpatizantes como los detractores de los grandes sindicatos se encuentran tanto en el sector empresarial como laboral.
Así pues, el debate está servido.
