¿Se debería prohibir la presencia de partidos con ideologías extremistas en el panorama democrático?

María de la O Núñez Márquez y Ramón José González Moreno María de la O Núñez Márquez: estudiante del doble grado en Derecho y Economía en la Universidad de Sevilla y debatiente en SDUS. Ramón José González Moreno: estudiante del grado en Derecho en la Universidad de Sevilla y debatiente en SDUS.
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¿Defenderías el derecho de alguien a expresar una idea con la que estuvieras radicalmente enfrentado? Esto es lo que defendía hacer el filósofo francés Voltaire en el s.XVIII. Sin embargo, a día de hoy, ese mensaje es cada vez más difícil de retomar. La noche del 2 de diciembre veíamos como el partido político VOX obtenía 12 escaños del Parlamento Andaluz y miles de personas se echaban a las calles en contra de este partido. Esto nos trae un nuevo debate: ¿prohibimos las ideas más extremistas en pro del bien común? ¿hay que tolerar todo aquello que no nos guste en defensa de la libertad de expresión e ideológica?
Por un lado, para defender la existencia de estos partidos debemos hacer referencia a la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, que tantas veces se usa erróneamente en las redes sociales. 
Popper explica que la tolerancia ilimitada, la tolerancia a lo intolerante, puede llevar a acabar con la tolerancia misma. Así, alega que no hay que tolerar lo intolerante, pero esto no significa prohibirlo, sino utilizar la misma libertad de expresión, que permite esa intolerancia, para propiciar un debate ideológico y frenar con argumentos razonados esas ideas contrarias. La prohibición sólo debe llegar cuando hay resistencia a rebatir ideas, cuando se pretende imponer pensamientos y cuando no se da lugar al debate y se emplea la violencia para ganar la batalla ideológica. Esta idea principal de defensa de una sociedad abierta, tolerante y democrática no significa, sin embargo, que no haya argumentos para prohibir estos partidos extremistas.
Por otra parte, dejando a un lado la legislación vigente y centrándonos, única y exclusivamente, en el plano moral, la permisibilidad de la entrada en el juego democrático de partidos con ideologías extremistas es, per se, intolerable. No debemos olvidar que el fin de todo partido es llegar a dirigir la nación, a promover sus ideas desde el gobierno en la política tanto exterior como interior, ideas en sí incompatibles con un panorama plural, diverso y de defensa a las minorías. Miramos hacia el pasado (y al presente si expandimos el horizonte hasta más allá de la progresista Europa) y por sí solo se nos muestra que la institucionalización de los extremos, ya sean de izquierdas o de derechas, llevan a la desestabilización, a la pérdida de derechos y a la abolición de libertades. La aceptación de estos partidos supondría, por tanto, permitir que se promovieran ideas a través del sistema que atacasen sus propios pilares fundamentales.
 Nos movemos así en la línea entre el respeto a todo tipo de ideas en un sistema que garantiza el pluralismo, y la defensa de ese mismo sistema ante ideologías que podrían ser un peligro posterior para el mantenimiento de la reivindicada tolerancia. ¿Qué debe primar en un Estado democrático? ¿Defensa de la libertad de expresión o protección ante ideologías radicales? ¿Tolerancia a todo tipo de ideas o defensa de los valores del sistema?
Llegamos aquí al eterno binomio al que se reducen las principales controversias políticas, la balanza histórica que nunca se logra equilibrar, el hastío de los gobernantes y la perdición de la democracia: ¿libertad o seguridad? Así pues, el debate está servido.

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