En julio de 2021, un ladrón asaltó un domicilio de Ciudad Real y su propietario reaccionó disparándole con un arma de fuego. La consecuencia fue trágica: el asaltante falleció y el propietario de 86 años ingresó en prisión. Este es el último caso de un debate social que ha vuelto a la escena política gracias a la aparición de nuevos actores políticos y que constituye la pregunta de hoy: ampliar el espectro de posibilidades para emplear armas de fuego en España, la cual sólo está autorizada a los cuerpos de seguridad y miembros de la caza que superen unos requisitos muy restrictivos.
Los partidarios de la pregunta suelen afirmar que la legítima defensa de la víctima es una quimera en la actualidad y que sólo estaría garantizada si los españoles pudiesen portar un arma de fuego con mayor facilidad. Sin embargo, considero que dicha premisa tiene muchas fisuras.
En primer lugar, España es uno de los países más seguros del mundo y esta afirmación no es un simple eslogan: organismos internacionales como la OCDE la califican con 9.2 puntos sobre 10. Sin duda, esto se produce por el buen hacer de las Fuerzas de Seguridad del Estado y, también, por la actual regulación en materia de armas de fuego y estoy convencido que ambas sirven de medio de contención para que no prolifere la violencia callejera y la inseguridad ciudadana. En definitiva, la legislación actual sí funciona.
En segundo lugar, aunque la legislación actual sí funciona, reconozco que siguen existiendo situaciones de vulnerabilidad tales como el asalto a un domicilio. En esos casos, considero que la legítima defensa se puede asegurar sin utilizar armas de fuego realizando políticas públicas alternativas como una mayor publicidad y financiación de cursos de defensa personal o una legalización regulada de las llamadas ‘armas traumáticas’ tales como sprays o balas de goma. Por otro lado, si el agresor no amenaza a la víctima con un arma de fuego… ¿la víctima tiene legítimidad para defenderse utilizando un arma tan peligrosa? Radicalmente no, porque una legítima defensa aplicada sin proporcionalidad no deja de ser un mero ataque vengativo y fomenta que las víctimas puedan tomarse la justicia por su mano.
Por último, ¿qué significa convertir la propiedad de armas en un derecho? Esta pregunta es importante porque sus partidarios todavía no saben definir cuál sería la nueva legislación de forma concreta… ¿Acotada exclusivamente al ámbito del domicilio? ¿Cambiarían los requisitos físicos y psicológicos necesarios para poder usarlas? ¿Se podría revocar ese derecho a una persona que realice un uso indebido? Son demasiadas preguntas para una sociedad tan heterogénea como la española.
En conclusión, convertir en Ley que una persona pueda portar un arma de fuego es peligroso porque podría ocasionar una escalada de violencia y es innecesario gracias a la gran seguridad ciudadana que tiene nuestro país.
Así pues, como ningún argumento es irrefutable, el debate está servido…
