El pasado 21 de noviembre salía la noticia de que la famosa cantante colombiana Shakira había llegado a un acuerdo con la Fiscalía, la Generalitat y la Agencia Tributaria en el caso de fraude fiscal más famoso del 2023. La cantante se declaraba culpable de seis delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 2012 y 2014, un total de 14,5 millones de euros defraudados, por los que deberá una multa de 7,5 millones de euros. Lo relevante del delito, sin embargo, no es quién lo ha cometido, sino el hecho que si la cantante hubiera residido en Madrid y no en Cataluña, no se la hubiera condenado porque no habría delito.
En el laberinto fiscal de España, surge una disparidad significativa en la carga tributaria entre las distintas Comunidades Autónomas. La descentralización de ciertas competencias fiscales permite a estas regiones modificar aspectos específicos del sistema tributario, generando un paisaje fiscal heterogéneo en el que las diferencias en la recaudación y los impuestos son evidentes. En este caso concreto, la diferencia más significativa recae en el Impuesto sobre el Patrimonio, que en Madrid se bonifica en un 100%. Otras CCAA que lo bonifican son Andalucía, también en un 100% y Galicia, en un 50%.
Mientras que las CCAA tienen la capacidad de establecer y modificar ciertos impuestos, también deben garantizar una fiscalización efectiva para evitar prácticas evasivas. La falta de armonización en las normativas tributarias entre regiones puede facilitar la manipulación de la legislación fiscal, ya que los contribuyentes pueden buscar lagunas legales que les permitan eludir sus responsabilidades tributarias de manera más efectiva. En este sentido cabría estudiar hasta qué punto es beneficioso para el Estado que sea tan significativa la diferencia entre tributar en una región de España que en otra.
Si bien es cierto que una política tributaria uniforme fortalecería la cohesión fiscal y mitigaría el riesgo de evasión, impediría a las CCAA adaptarse a la estructura de la economía local y usar estos impuestos como maneras de atraer inversión y contribuyentes. En el caso de Shakira el efecto es claro, si la cantante hubiera fijado residencia en Madrid o Andalucía la misma conducta que es delito en Cataluña y en el resto de CCAA, salvo las tres que bonifican este impuesto, no conllevaría pena alguna. Esto genera un claro conflicto para España puesto que, si bien somos todos iguales ante la ley, “clara-mente” no lo somos ante la Hacienda Pública.
Así pues, el debate está servido.
