La oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA sobre el Banco Sabadell ha generado un intenso debate en España, involucrando aspectos financieros, económicos, jurídicos y políticos. Esta operación, de gran complejidad, eleva preguntas clave respecto a la competencia, estabilidad y papel del gobierno en el sector financiero, pero ¿debería el ejecutivo prohibirla?
Las concentraciones bancarias no son una novedad; en 2009 existían 55 entidades bancarias en España, mientras que, de concretarse esta operación, solo quedarán nueve en 2025. La normativa europea exige altos niveles de solvencia y liquidez para garantizar la estabilidad financiera, dificultando la viabilidad de las entidades más pequeñas, que han sido absorbidas por entidades más grandes, reduciendo la competencia. Esta atomización ha hecho que BBVA, Santander y Caixabank posean entorno al 70% de la cuota de mercado. A pesar de esto, la concentración bancaria ha tenido éxito en facilitar la estabilidad financiera, ya que los bancos más grandes pueden cumplir con los exigentes requisitos europeos previamente mencionados.
En términos normativos, las OPA en España están reguladas por la Ley de Defensa de la Competencia y el Real Decreto sobre OPA. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) evalúa el impacto de estas operaciones en el mercado, pero el Consejo de Ministros puede intervenir si considera que hay razones de interés general. A nivel europeo, diversas regulaciones han favorecido la consolidación del sector, como el mecanismo de «bail-in», que obliga a los accionistas y acreedores a asumir pérdidas antes de recurrir a ayuda estatal.
La legislación nacional limita las opciones del gobierno para bloquear la OPA, ya que la CNMC ya ha evaluado la operación, autorizándola, al menos en su primera fase. Sin embargo, el gobierno sí que podría endurecer las condiciones hasta hacer la operación poco atractiva para BBVA o esgrimir criterios de “interés general”, ese término no definido claramente en ningún lado y gran comodín de la política económica estatal, para bloquearla.
El gran precedente de una operación similar, la fusión entre Caixabank y Bankia es una demostración evidente de cuán laxo es el “interés general”, que más bien puede catalogarse de “interés gubernamental” en ciertas ocasiones.
Tras la fusión con Bankia en 2020, el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria adquirió parte de Caixabank, ascendiendo su participación a más del 18% actualmente, lo que le permite influir en la entidad, algo que no se da ni en BBVA ni en Sabadell, dónde no poseen participación alguna. Esto implica que, aunque el gobierno respaldó la fusión de CaixaBank y Bankia por alinearse con sus intereses, no necesariamente ocurrirá lo mismo con esta. De hecho, la situación del gobierno de coalición, dependiente de sus socios catalanes, podría motivar que el ejecutivo bloquee la operación ahora que Banco Sabadell ha vuelto a establecer su domicilio social en Barcelona.
Desde una perspectiva crítica, la fusión podría aumentar el riesgo sistémico al crear una entidad demasiado grande para quebrar, lo que obligaría al Estado a intervenir en caso de crisis, afectando su credibilidad en los mercados financieros. Además, la
normativa europea postcrisis de 2008 prohíbe a los Estados rescatar entidades en crisis, lo que limita la efectividad de tales intervenciones. Además, la ausencia de un Esquema Europeo de Garantía de Depósitos en la legislación comunitaria genera mayor incertidumbre sobre la capacidad del Estado para responder ante crisis en el sector.
La OPA también tiene argumentos a favor. La fusión podría crear una entidad más competitiva a nivel internacional, con mayor solvencia para afrontar crisis y financiar grandes proyectos. Además, de darse sinergias positivas, estas permitirían optimizar recursos y reducir costos, beneficiando a los consumidores. Dado que los productos y condiciones bancarias son similares en el sector, la reducción de competencia podría no impactar significativamente a los clientes.
El precedente de la fusión CaixaBank-Bankia en 2021, en la cual gobierno no intervino, sugiere que esta operación pueda llegar a darse. Sin embargo, el dilema sigue siendo complejo: ignorando los intereses del ejecutivo, bloquear la OPA preservaría la poca competencia restante y estabilidad del sector, mientras que aprobarla podría fortalecer la banca española a nivel internacional y beneficiar, en última instancia, a los clientes.
Así pues, el debate está servido.
