¿Alguna vez ha comprado un producto o un servicio “neutro en carbono”? En realidad, no es que su producto no haya emitido ni un gramo de carbono, sino que las emisiones han sido compensadas por la empresa mediante la compra de derechos de emisiones.
El cambio climático es un asunto que involucra a la totalidad del planeta, sobra en este artículo explicar lo que es y porqué resulta una emergencia que ha de afrontarse con la mayor rapidez y eficacia posible. Los expertos llevan décadas advirtiendo del peligro de las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) y los gobiernos llevan también décadas asesorados por estos expertos. El objetivo es crear estrategias gubernamentales que resulten realmente eficaces y factibles para afrontar esta emergencia.
Una de las estrategias que ha tomado más relevancia estos últimos años para combatir las emisiones de gases contaminantes es el “cap and trade system”. Un sistema que incentiva económicamente a las industrias productoras para disminuir sus emisiones de carbono. También conocido en la Unión Europea como Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, este sistema plantea un mercado de carbono en el que las empresas paguen por sus emisiones al tiempo que compensan los daños en otras zonas del planeta. Esto se lleva a cabo financiando proyectos de protección y mantenimiento de bosques y zonas verdes, especialmente en comunidades indígenas. Por cada uno de estos derechos se compensa (teóricamente) una tonelada de emisiones. En la Unión Europea los derechos son distribuidos entre empresas; algunos de forma gratuita para aquellas en las que se considera que pueda darse una deslocalización de la producción (la llamada fuga de carbono), otros son vendidos para que las empresas puedan justificar y compensar sus emisiones de carbono. Las empresas pueden acumularlos para años siguientes o venderlos a otras, que producen más toneladas y por lo tanto requieren de más derechos. De esta forma se crea el mercado de carbono, un mercado que pretende incentivar a las empresas a emitir menos gases de efecto invernadero para poder beneficiarse de la compra y venta de los derechos de emisión.
La idea inicial era muy buena, los gobiernos fijan una cantidad de emisiones limitada que pueden emitir todas las empresas (cap), distribuyen los derechos entre ellas y el mercado de carbono se encarga de redistribuir estos derechos en función de la oferta y la demanda (trade). La Unión Europea en su plan EU ETS y otras regiones con sus respectivos programas de derechos pretendían que ese límite de toneladas fuera disminuyendo cada año. El caso de los derechos es una buena forma de controlar las emisiones de gases como el dióxido de carbono o el metano y resulta más estimulante para el sector económico que las campañas de concienciación que apelan únicamente a la ética pero dejan de lado la realidad económica. La idea es que contaminar cueste a las empresas, poner precio al carbono y que la competencia se base en reducir las emisiones para reducir los costes en derechos de emisión.
El mercado de carbono, supone también una forma de ampliar el alcance de la compensación. No todas las empresas pueden reducir a cero sus emisiones de GHG, por lo que esta medida resulta una forma realista de disminuir su impacto en el ecosistema. Implantar un sistema de compensaciones, que derive en un efecto neto, resulta no solo atractivo sino factible.
Sin embargo, esta propuesta encuentra también voces disidentes, ambientalistas señalan que estas medidas no motivan un cambio en el modelo de producción, por lo que el problema de las emisiones sigue ahí.
Otro de los problemas que plantea este sistema es el conteo de las emisiones, ya que la verificación de las toneladas emitidas queda a cargo de un verificador externo a la empresa y existe el riesgo de las estafas que ya se dan en otros sistemas de bonos de emisión, dando lugar a lo que se conoce como “piratería del carbono”.
Han surgido también problemas en la regulación del propio mercado de carbono, ya que los precios de los derechos varían en función de la demanda y esta variación se ve reflejada también en el precio de los bienes y servicios que ofrecen las empresas. El incremento del precio del derecho de emisión hace que las empresas aumenten el precio del producto para los consumidores (ya que aumentan sus gastos en los derechos de emisión), por lo que realmente se cuestiona la premisa de “hacer que contaminar cueste” cuando sus ingresos por ventas son mayores a medida que contaminan más.
No cabe duda de que la emergencia climática exige una actuación común lo antes posible, aunque por el momento está resultando especialmente complicado encontrar una solución que funcione tan bien en la práctica como en la teoría.
Así pues, el debate está servido.
