Por mucho que los humanos llevemos siglos reclamando el papel de protagonistas indiscutibles de nuestro planeta, la ciencia moderna cada vez fija más su atención en quién comparte su hogar con nosotros: los animales. Como resultado de las investigaciones llevadas a cabo, los descubrimientos recientes demuestran que los límites de la inteligencia animal son bastante superiores a lo que siempre hemos imaginado. Desde elefantes que pintan lienzos con sorprendente destreza hasta simios que identifican patrones numéricos y memorizan secuencias mucho más rápido que ningún humano. La inteligencia animal ha traspasado ya los límites de la investigación científica y está dando pie a la apertura de un debate que se dirige a los cimientos de nuestra ética y de nuestro sistema legal ¿deberíamos otorgar derechos a los animales no humanos?
En este contexto, la evidencia científica también deja claro que la inteligencia animal va mucho más allá de la ejecución de actos instintivos. Se ha demostrado la capacidad de algunos animales para resolver problemas complejos, mostrar empatía e incluso utilizar herramientas, cuestionando la noción de una brecha insalvable entre humanos y no humanos. Consecuentemente, son muchos los que argumentan que debemos otorgar derechos a los animales amparándonos el principio de equidad de nuestro ordenamiento jurídico. Defienden que es nuestra responsabilidad como especie dominante garantizar que otros seres sintientes tengan la capacidad de vivir vidas libres de sufrimiento innecesario.
Sin embargo, entre las también numerosas voces disidentes hay quienes argumentan que otorgar derechos a los animales no humanos conduciría a un conjunto de complicaciones legales. Creen que nunca se podrá legislar eficazmente sobre esta cuestión pues la definición y salvaguarda de estos derechos presentan algunas complicaciones intrínsecas. La más repetida por los opositores a otorgar estos derechos es que contarían con la oposición de la industria ganadera, que vería como se suma una mayor complejidad burocrática a su ya complicada actividad diaria. En último término, argumentan, esto podría conducir a una enorme ineficiencia en la producción de alimentos que afectaría al conjunto de la economía.
En cualquier caso, la senda legislativa que ha comenzado en España con la reciente aprobación de la Ley de Bienestar Animal, parece corresponder con una tendencia en favor de los defensores de otorgar tales derechos a los animales no humanos. La cuestión, sin embargo, se mantiene en la más rabiosa actualidad y los próximos años serán cruciales en la definición de la legislación futura en este sentido.
Así pues, el debate está servido.
