Estados Unidos ataca Irán, Rusia invade Ucrania e Israel sigue en guerra. En este contexto de nuevas guerras, en Europa aflora la idea de construir una defensa propia más fuerte.
Bruselas ha puesto sobre la mesa 800.000 millones de euros para reforzar la defensa europea de aquí a 2030. España ha rechazado el compromiso del 5 % de la OTAN, pero su industria militar crece a doble dígito y ya exporta la mayor parte de lo que produce. La pregunta es si debemos ver esto como un gasto inevitable o una oportunidad para reindustrializar el país.
Quienes defienden aprovechar el momento sostienen algo que pocas industrias ofrecen hoy en España: valor añadido. Una fragata o un radar no se venden solo por precio, sino por tecnología, y eso se traduce en puestos de trabajo altamente cualificados, salarios altos y una cadena de pymes repartidas por el país. Además, la innovación militar tiende a acabar en el mundo civil, como ocurrió con internet o el GPS a mediados-finales del siglo pasado.
Pero la cuestión no es solamente cuánto produce esta industria, sino qué nos permite hacer como país. Teniendo la capacidad de producir armamento, radares o cazas, contamos con una autonomía estratégica que no solo nos hace menos dependientes, algo clave en tiempos en los que el comercio y la presión económica son formas de guerra híbrida, sino que también nos da mayor capacidad para tomar mejores decisiones, ya que podemos elegir a quién vender.
Sin embargo, bajo todos esos beneficios subyace un dilema moral que es más difícil de medir. El mismo negocio que genera empleo y prosperidad puede contribuir a producir consecuencias desastrosas a miles de kilómetros. Entonces la responsabilidad se diluye entre quien tiene un empleo legítimo, la empresa, el Estado que autoriza la venta y el país que utiliza el arma. Por otra parte, los beneficios se quedan aquí, en forma de empleo, impuestos y exportaciones, mientras los costes humanos quedan fuera de nuestras fronteras, y aquí es donde debemos preguntarnos si puede considerarse plenamente positivo un beneficio económico a costa de sufrimiento en otro lugar.
Y aunque dejáramos a un lado el dilema moral, todavía quedaría una incógnita económica. Hoy la demanda en defensa crece, pero ninguna escalada dura eternamente, por lo que estaríamos haciendo crecer un sector que depende de un único cliente, el Estado, y de que el rearme no disminuya. Por tanto, hay que preguntarse qué pasará con esas fábricas y esos empleos cuando la escalada militar se enfríe.
Quizás la clave esté en si el rearme es el inicio de una industria con futuro o un parche que dura lo que dure la escalada. Y entonces la verdadera pregunta es qué precio económico, estratégico y moral estamos dispuestos a aceptar para averiguarlo.
Así pues, el debate está servido.
