Pronto habrán transcurrido cuatro meses desde que Rusia empezara a concentrar tropas en su frontera con Ucrania. Lo que parecía una etapa más del conflicto que comenzó en el año 2014 ha acabado por convertirse en una de las mayores amenazas para la paz y la seguridad internacionales de las últimas décadas, y ha extendido la sombra del primer gran conflicto en el continente desde las guerras yugoslavas. Actualmente, las tropas rusas –las estimaciones oscilan entre 100.000 y 190.000 soldados– están desplegadas en la frontera ruso-ucraniana y acaban de invadir la zona del Donbás tras la decisión de Putin de reconocer la independencia de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.
La posible entrada ucraniana en la órbita occidental mediante la firma del Acuerdo de Asociación y de Libre Comercio con la Unión Europea y el acercamiento a la OTAN, unida a la resistencia final del presidente Yanukóvich a concluir dichos acuerdos, dieron lugar al Euromaidán y la crisis de Crimea de 2014. Ésta desembocó en la anexión del territorio a la Federación de Rusia –declarada ilegal por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de una resolución que instó a los miembros de la sociedad internacional a no reconocer la anexión (A/RES/68/262)– y en la aparición de un conflicto en el este de Ucrania entre las fuerzas gubernamentales ucranianas y los grupos independentistas que reciben apoyo ruso. A pesar de la conclusión de los acuerdos de Minsk II en el año 2015, el conflicto se ha mantenido latente y su hipotética violación sirve ahora como justificación de la intensificación de la presencia militar rusa en la frontera.
Sin embargo, en el fondo subyacen otros motivos que explicarían el origen de la escalada de tensión actual. El primero sería el fin de la hegemonía estadounidense, que ostenta desde el final de la Guerra Fría. La irrupción de nuevos actores como China desafía el poder económico y militar estadounidense. Con su estrategia militar agresiva Rusia podría estar intentando contribuir a su manera al fin de orden internacional liberal, que ha entrado en crisis en la última década.
Por otro lado, la crisis puede interpretarse como el establecimiento de un límite claro a la expansión de la OTAN en las fronteras rusas. Desde la desintegración de la URSS muchos de los Estados que estaban en la órbita soviética y formaban parte del pacto de Varsovia han solicitado su ingreso en la organización, que no les ha negado su entrada en virtud de la aplicación de la política de puertas abiertas –todo Estado que así lo desee puede solicitar su adhesión–. A pesar del discurso oficial ruso de hoy según el cual los Estados occidentales se comprometieron a no expandir la organización hacia sus fronteras, el presidente Gorbachov desmintió este extremo en el año 2014, y aún no queda claro el alcance de los pactos adoptados. Una carta del presidente Yeltsin a Clinton revela que a principios de la década de los noventa la expansión de la OTAN hacia el este no era considerada una amenaza grave para los intereses rusos.
Sin duda alguna, la cuestión es compleja. Los hechos muestran que la pertenencia a la OTAN constituye una garantía esencial para el mantenimiento de la integridad territorial de los Estados que rodean a Rusia. La guerra de Osetia del Sur de 2008 y la anexión de Crimea dan buena cuenta de ello. La presencia militar de tropas aliadas en los Estados bálticos ha evitado una más que probable injerencia política o militar rusa, pero a su vez es interpretada como una amenaza para la seguridad e integridad de Rusia. Por eso mismo, como resultado de la crisis actual se ha creado una situación paradójica: en un ejercicio de demostración de fuerza para evitar la expansión de la OTAN, algunos Estados como Suecia y Finlandia se han visto amenazados y se plantean ahora formar parte de la organización.
El despliegue de tropas en la frontera y la entrada de tropas rusas en las regiones del este de Ucrania debe ser considerado como un acto de agresión, lo que constituye una clara violación de los principios estructurales de establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, concretamente el 2(4). Los Estados miembros de la Unión Europea han dado de nuevo muestra de desunión, a pesar de los intentos por dar una respuesta en bloque a algunas de las exigencias rusas. Algunas encuestas recientes muestran las diferencias que existen entre los ciudadanos europeos respecto de los riesgos que estarían dispuestos a asumir en caso de que finalmente se produjera una intervención militar rusa y, sin duda, estas posiciones se trasladan a las posiciones de sus respectivos gobiernos. La dependencia energética del gas ruso constituye una de las principales bazas de Moscú para modular la contundencia de la respuesta europea, que por el momento parece que quedaría limitada a la imposición de un paquete de sanciones contundentes.
La única vía posible para poner fin al conflicto debería encuadrarse en el marco de la legalidad internacional. Los Estados están obligados a solucionar de manera pacífica sus controversias –artículo 2(3) de la Carta de las Naciones Unidas– y el uso de la fuerza armada no debe quedar impune. Sin embargo, una solución por la vía diplomática resulta cada vez más difícil de alcanzar. Los Estados son libres y soberanos para determinar su política de defensa, y si ello conlleva su adhesión a una organización de carácter militar como la OTAN en ningún caso debería tolerarse una intervención militar que mermara la autonomía de su voluntad. Nuestra posición, alineada con la de Mary Ellen O’Connell, es clara: ha llegado la hora de defender los principios legales que sustentan el orden legal internacional o, de lo contrario nos arriesgaremos a perderlos todos de golpe.
