¿Qué es la protección? Más allá de un concepto jurídico, es la sensación de saberse a salvo, de sentir que alguien —o algo— está de nuestro lado. Sin embargo, en los últimos años esa sensación parece resquebrajarse. Juicios mediáticos convertidos en espectáculo, acusaciones virales y decisiones judiciales sometidas al escrutinio de las redes han instalado una idea recurrente: «estamos desprotegidos».
La escena se repite: un acusado recupera la libertad condicional mientras la víctima declara sentirse desamparada; un procedimiento se anula por un error procesal; una resolución que respeta escrupulosamente las garantías del investigado deja, en cambio, un poso de frustración en quien denunció. A la vez, se afirma que se refuerzan los derechos de las víctimas, se aprueban estatutos específicos, se multiplican los protocolos de atención y las medidas de alejamiento. La palabra «protección» se invoca constantemente, pero la percepción social no siempre acompaña.
Para muchos, el proceso penal parece una fortaleza levantada en torno al acusado: presunción de inocencia, derecho a no declarar, asistencia letrada constante y estándares probatorios muy exigentes. Esa combinación, unida a la posibilidad de recurrir durante años, se vive a menudo como una carrera de obstáculos para la víctima. En una sociedad acostumbrada a la inmediatez, la lentitud del Derecho se confunde fácilmente con indiferencia o desconfianza hacia quien denuncia.
Pero esas garantías no son privilegios caprichosos, sino fruto de una memoria dolorosa: abusos de poder, condenas precipitadas, linchamientos al calor de la opinión pública. La presunción de inocencia y el resto de derechos del acusado nacen para contener el poder punitivo del Estado y evitar que la justicia se convierta en mera reacción emocional. De ahí la máxima incómoda pero reveladora: es preferible un culpable en libertad que un inocente en prisión.
Al mismo tiempo, las víctimas han ganado un espacio que antes no tenían: reconocimiento legal, derecho a ser informadas, a participar en el proceso, a recibir apoyo psicológico y medidas de protección frente a nuevas agresiones. El sistema intenta, cada vez más, proteger sin desproteger, garantizar sin desamparar.
Pero seamos honestos: de poco sirven los derechos en el papel si el juzgado tarda tres años en señalar juicio, si la víctima revive su trauma ante cinco funcionarios distintos, o si las órdenes de alejamiento se incumplen sin consecuencias. El problema no es el equilibrio entre garantías: es que el sistema está asfixiado por falta de presupuesto, personal y voluntad política.
Tal vez el verdadero reto no consiste en decidir a quién protege el Derecho, sino en asegurar que la partida se juega con reglas claras y comprensibles para todos. «Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo», escribió Albert Camus, recordándonos que una balanza inclinada en exceso hacia uno solo de los lados deja de ser justicia para convertirse en imposición.
Así pues, el debate está servido.
