¿Protege realmente nuestra legislación actual a los propietarios ante los casos de okupación?

Zoe Sintes es estudiante de tercer año del grado de Estudios Ingleses y miembro en la Asociación de Debate Balear. Cuenta con 4 años de experiencia en el mundo del debate y una larga trayectoria, destacando en este último año por formar parte de los equipos finalistas de la XXIII Liga Beato Gárate y de la X Liga de Debate de la UIB. Zoe nos trae a debate la okupación, y no hace falta decirte nada, querido lector, porque sabemos que vas a entrar a leerlo nada más leer la pregunta.
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“La preocupación por el hombre y su seguridad siempre debe ser el interés principal de todos los esfuerzos” – Albert Einstein

En el estado Español, la legislación en materia de okupación ha sido elaborada con el fin de proteger, a toda costa, los derechos de los propietarios. Con la reciente reforma de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, que dio lugar a la Ley 5/2018, ya se han establecido esas respuestas ágiles tan necesarias para aquellos poseedores en situación de mayor vulnerabilidad, permitiéndoles, de esta manera, poder demandar a sus ocupantes sin la necesidad de conocer su identidad y, a la vez, establecer un período de tiempo concreto, para poder recuperar lo que innegablemente les pertenece. Asimismo, por ejemplo, en Cataluña, con la Ley 1/2023 se ha aumentado considerablemente el alcance de esta protección, al haber conseguido ser amparadas hasta las propias comunidades de vecinos perjudicadas y siendo restablecida la propia convivencia.

Sin embargo, detrás de un sistema aparentemente “seguro”, se esconde una cruda realidad que no pasa desapercibida en nuestra sociedad y que tiene en vilo a gran parte de la misma- Por un lado, las leyes actuales provocan que los propietarios acaben lidiando con una carga económica adicional significativa cuando se han de enfrentar ante una situación de este calibre y, además, se hacen más notables las desigualdades existentes entre los mismos propietarios. Además, el trámite para que ese anhelado juicio llegue se dilata en demasía y existen diferencias bastante notables entre los diferentes tipos de propietarios que existen. Los titulares individuales batallan con una fatigosa carga financiera cuando se ven afectados y los grandes tenedores y empresas, acaban viéndose envueltos en curiosas pérdidas que derivan en el incremento del coste de sus respectivos alquileres para poder hacer frente a esos inesperados gastos.

A la lentitud de los procesos se le suma la falta de seguridad que existe y que los propios ciudadanos sienten. Esta carencia ha propiciado que la ciudadanía recurra a medios privados para zanjar el problema de raíz. Este reciente aumento de la demanda de trabajo para las empresas privadas de desocupación, como es el caso de “Desokupa”, han sacado a la luz que la vía judicial no es tan eficiente como creían y hay una fuerte creencia de que las propias víctimas las ven como esa luz enmedio de la oscuridad es la esperanza ya que se les dan prontas y fiables soluciones. La alta demanda de estos servicios es el fiel reflejo de que los propietarios se ven desprotegidos ante el peligro y lo único que les queda es buscar en alternativas ya que por la propia legislación no encuentran ese apoyo.

Así pues, el debate está servido.

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