El mundo ha cambiado notablemente a lo largo del tiempo a nivel sociopolítico, donde se han experimentado grandes cambios de las maneras en las que nos organizamos políticamente. Monarquías absolutas, regímenes liberales o dictaduras fascistas han ido cambiando la manera en la que nuestra sociedad ha decidido como organizarse políticamente.
Así también vemos como muchas de estas teorías han cambiado en base a las experiencias que se han obtenido al aplicar estas teorías y observamos sus efectos en el mundo.
Es esto lo que ha provocado que las democracias liberales desde su implantación hayan ido evolucionando, donde lo observamos en algunos servicios públicos que provee el Estado, cosa que en los inicios de estos modelos constituía una política por la que no se abogaba, suponiendo una intromisión a la idea del laissez faire.
Pero ¿hasta qué punto debe ser admisible en estos países, como España, Canadá o Japón, la paulatina priorización de la seguridad de los ciudadanos a costa de su libertad?
En numerosas ocasiones, nuestra sociedad ha pasado por episodios duros en la historia, donde se ha tenido que sacrificar parte de nuestra libertad, no con el objetivo de acabar suprimiéndola, que acabaría con un elemento esencial de las democracias, sino que estas decisiones buscan asegurarse de que en el futuro la libertad siga siendo un derecho fundamental para sus ciudadanos, cosa que, de otra forma, podría ponerla en peligro
Esto lo podemos ver con las grandes crisis económicas donde a menudo se realizan numerosos sacrificios con el objetivo de evitar que las vidas de los ciudadanos sigan empeorando, conllevando una mayor intervención en la economía no dejando a los individuos practicar las distintas libertades socioeconómicas.
Sin embargo, a pesar de los beneficios que puedan conllevar, este tipo de acciones que buscan la seguridad de la ciudadanía, a menudo pueden conllevar a un ataque a los derechos y las libertades de los individuos, que, aunque puedan ser momentáneos, cabe poner en duda el alcance del límite de estas políticas.
Ya han pasado 4 años de la pandemia de la COVID-19, donde muchos países, como el nuestro, para paliar las posibles consecuencias de la enfermedad sobre la población decidió encerrar a su población a través de un confinamiento. La mayoría de la población estuvo dispuesta a aceptar ese confinamiento, pero esto da a pie que dichas políticas que suponen una clara violación de nuestros derechos se vean justificadas por un fin que, a fin de cuentas, buscar generar efectos positivos para la población, tergiversando el Estado de derecho en una suerte de maquiavelismo donde el fin justifica los medios.
Este es un debate que la clase política actual a menudo se tiene que plantear ya no solo de manera cotidiana que no tiene que suponer una gran duda existencial, sino que se presenta ante situaciones excepcionales, donde la decisión que tomen marcará un punto de inflexión en el rumbo del país.
Así pues, el debate está servido.
