“Si el gobierno no puede solucionar un problema, es su deber subsidiarlo.”
– Ronald Reagan, Político Estadounidense
La celiaquía es una enfermedad digestiva e inmunológica que daña el intestino delgado y altera la absorción de las vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los diferentes alimentos. De esta manera, los celíacos no pueden ingerir la proteína que se encuentra en el trigo, centeno, cebada, triticale, espelta y avena. En el mundo un 1-2% de la población es celíaca, lo que significa que hay 85.000.000 personas celíacas.
Esta considerable cifra nos plantea una cuestión cada vez más en el punto de mira social: ¿Se debería subvencionar a las personas con enfermedad celíaca?
El último Informe de precios de productos específicos para personas celíacas 2024 realizado por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) que nos expone esta problemática con cifras. Por cada 100 gramos, los productos sin gluten son un 33,89% más costosos. Esta diferencia se refleja en productos básicos como el pan y las galletas, donde las variantes sin gluten pueden ser hasta cinco veces más caras. A lo largo de un año, esta diferencia de precios puede superar los 1.000€, sin tener en cuenta los gastos adicionales al comer fuera.
En resumen, vemos que las personas celíacas se enfrentan a un gran desafío económico cuando intentan llevar a cabo una vida normal de cara a la alimentación y que la respuesta del Estado es insatisfactoria, abandonandolos a su suerte. A diferencia de otras enfermedades como la diabetes o la disfagia, donde el Estado ofrece apoyo financiero, como la financiación de insulina o espesantes, respectivamente, para las personas afectadas, la enfermedad celíaca no recibe el mismo nivel de atención estatal.
En la otra cara de la moneda y a raíz de lo que acabamos de exponer, surge el conflicto de intereses del Estado entre si realmente la problemática es tal como para tener que financiarla. Por ejemplo, si el problema afecta a una cantidad tan dramática de españoles como para tener que financiarlo o si realmente las alternativas a estos productos tan caros son tan reducidas, entre otros.
A esto se le suma a que se ponga también en tela de juicio el hecho de que se deba subsidiar esta enfermedad y no otras igual o más comunes como la intolerancia a la lactosa, además de todas las disyuntivas que puedan surgir sobre cómo se dará esta ayuda:
¿Se financiarán los productos o se dará una ayuda a los celíacos? ¿Se podría hacer mediante una tarjeta? En caso de utilizarla, ¿cómo se haría para financiar sólo la compra sin gluten? En caso de que se financien los productos, ¿qué efectos podría tener en el consumo cada vez mayor de productos sin gluten de personas no celíacas?. Creemos que esto sería contraproducente puesto que se está dando una difusión generalizada de información errónea sobre los beneficios de evitar el gluten. Esto lleva a que las personas sin necesidad médica real eviten los alimentos con gluten, sin comprender completamente los riesgos asociados o sin consultar a un profesional de la salud.
Como consecuencia secundaria y debido a la creciente demanda de productos sin gluten, los precios suben exponencialmente y la carga económica es cada vez mayor para los celíacos diagnosticados, lo que nos lleva al punto de partida del problema actual.
En definitiva, vemos que, aunque puede que el Estado tenga cierto papel en la situación actual de los celíacos y la solución parezca evidente, en la práctica no es una cuestión que esté tan clara ni que pueda solventar el problema actual ya que surgen muchas trabas de cara al subsidio de la enfermedad celíaca y tampoco sabemos a ciencia cierta que vaya a ser efectivo.
Así pues, el debate está servido.
